Toda contratación pública busca proveer bienes y servicios de calidad al Estado para que cumpla sus funciones de manera eficaz. El derecho administrativo asegura un régimen adecuado para la celebración y ejecución de estos contratos.
El derecho administrativo previene y adopta las acciones necesarias para evitar que se produzcan o incentiven los casos de corrupción en la contratación pública. Además, refuerza la vigencia del principio de legalidad, principio cardinal del derecho administrativo puesto que es la esencia del llamado Estado de Derecho. Por lo tanto, si se ha cometido un acto ilícito respecto a un contrato, permite adoptar las medidas correspondientes que garanticen el restablecimiento del principio de legalidad.
